Compromís pide a De la Serna que destine al tren convencional “la mitad de inversiones del Alta Velocidad”

València, 16 de abril de 2017

La coalición recuerda que el coste de unos kilómetros de AVE puede suponer crear nuevas líneas, reabrir tramos cerrados o dotar de tren al litoral alicantino en pocos años

Compromís en el Senado ha reclamado al Gobierno una apuesta clara por el tren convencional (media distancia, cercanías, regionales o la reapertura de líneas con trenes de baja velocidad) allá donde exista demanda “en vez de destinar miles de millones de euros al año en crear de forma hilarante y con poco criterio kilómetros de infraestructura de Alta Velocidad, que deja por el camino a cientos de poblaciones y que piensa en unos pasajeros de élite que se pueden pagar viajes de 80 euros, cuando la prioridad debería ser garantizar la movilidad al máximo número de ciudadanos y eso se garantiza apostando por los trenes que gasta o estaría encantado de gastar un segmento poblacional mayor”.

Así, los senadores Carles Mulet y Jordi Navarrete han recordado que “mientras en materia de obras hídricas, desde el Ministerio se apunta a un estudio de necesidades y de relación coste-beneficio antes de definir las prioridades de inversión, en materia ferroviaria dejan en la estacada zonas muy dinámicas” que permitirían recuperar la inversión, recuperar la movilidad o bien generarla, como ocurre con el oeste peninsular o el tren de la costa entre Gandía y Alacant, “que podría generar numerosos beneficios sociales y económicos pero que tienen la mala suerte de no pasar por Atocha y el kilómetro cero”, han señalado.

Compromís calculó que el coste del AVE en estos 25 años de historia ha sido de 15,8 millones de euros por kilómetro construido “una cifra inasumible para nuestras posibilidades, que solo se entiende desde una óptica de competencia por liderar los kilómetros de alta velocidad en Europa y el Mundo y que se está extendiendo hacia zonas de dudosa rentabilidad”, como lo han demostrado algunas surrealistas paradas en poblaciones con un centenar de habitantes, mientras siguen sin estar incomunicadas con Alta Velocidad la segunda y tercera ciudad del Estado y el tramo más rentable como es València-Barcelona “y lo que es más grave sin un horizonte claro que defina su trazado, características e inversión como dejó claro en el Senado el ministro, al igual que ocurre con el tren de la Costa”.

Compromís reclamó recientemente en el Senado crear un núcleo de cercanías en Castelló que permitiera extender estos trenes hasta Vinaròs y Tortosa, que fue rechazado por los votos del PP cuando el coste de la inversión era de 43 millones, una cifra asumible por el Estado “como se ha hecho en otras zonas equiparables del Estado”, pero “vemos como tienen como prioridades invertir 2.330 millones de euros para impulsar la llegada del AVE a Galicia, Murcia, Asturias, País Vasco, Navarra o Extremadura, la partida más elevada de Fomento y que triplica los 800 millones de euros que se dedica al mantenimiento e inversiones en la red convencional de ferrocarriles”.

Los senadores valencianos opinan que “invertir en la red convencional, en la red que beneficia a los vecinos de pueblos con nombres que difícilmente conocemos, es la mejor inversión posible y que, dentro de un plan, podrían tener numerosos beneficios pues, en muchas ocasiones la infraestructura está ya construida, los túneles y vías y podrían frenar el despoblamiento, envejecimiento, traer turismo y actividad económica o mitigar la necesidad de nuevas carreteras lo que, entendemos, es ahora prioritario al AVE, una infraestructura deficitaria que no alcanza el umbral de la rentabilidad social”.

Para Compromís “existen tras estas propuestas sinceras alternativas realizadas por asociaciones que buscan el desarrollo de sus comarcas como la circulación en el Bien de Interés Cultural de la línea férrea Arribes-Duero, o la reapertura de la Vía de la Plata, contrastados estudios y peticiones de estudiantes universitarios”, frente a los fiascos “en ocasiones avalados por el Gobierno y en definitiva pagados por todos los usuarios o ciudadanos por proyectos con sobrecostes y con pagos no justificados”.

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